La Comisión de Justicia del Congreso debate este martes una ley pionera que prohibirá el acceso a estas plataformas a los jóvenes de hasta 16 años si exponen contenidos tóxicos. El objetivo legislativo es cortar de raíz la exposición de la infancia a interfaces diseñadas específicamente para enganchar.
El texto traslada toda la carga de la prueba a las grandes empresas tecnológicas, obligándolas a tomar medidas preventivas reales. Estas corporaciones deberán demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que sus sistemas no albergan riesgos para el desarrollo de los usuarios.
Castigo penal para el algoritmo
Uno de los puntos más rompedores del acuerdo político es la tipificación de la manipulación algorítmica dentro del mismísimo Código Penal. Amplificar material que incite a las autolesiones, el abuso sexual o los «deepfakes» se considerará un delito con consecuencias directas y graves.
La norma no se queda en las habituales sanciones económicas corporativas, sino que contempla la responsabilidad directa de aquellos directivos que ignoren las órdenes de retirada. Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha defendido la urgencia de acabar con la denominada «ley de la selva» digital.
Una corriente que recorre Europa
Este firme cerco legislativo español no es un movimiento aislado, sino que responde a un endurecimiento regulatorio en el panorama internacional. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, propuso recientemente un veto generalizado a las redes para menores de 13 años en toda la Unión.
Francia ya ha tomado la delantera aprobando definitivamente la prohibición del uso de estas plataformas para los menores de 15 años. Esta drástica medida, que estará plenamente operativa en enero de 2027, incluye además el veto total a los teléfonos móviles en los centros educativos.
