El Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee) ha confirmado un nuevo máximo histórico en el desequilibrio de las cuentas nacionales. Al cierre del segundo trimestre, la deuda pública francesa escaló hasta la cifra inédita de 3,59 billones de euros, lo que sitúa el nivel de apalancamiento del Estado en un crítico 119% sobre el Producto Interior Bruto (PIB).
Para encontrar una brecha macroeconómica de esta magnitud hay que retroceder hasta 1946, en plena etapa de reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Solo entre los meses de abril y junio, el endeudamiento se disparó en 59.600 millones de euros, sumándose al fuerte repunte de 75.800 millones ya registrado durante el primer trimestre del ejercicio. Este deterioro trimestral responde directamente a los mayores compromisos asumidos por el Estado central y la Seguridad Social.
La carga financiera asfixia al Estado
El fin de la era del dinero barato ha transformado este nivel de deuda en una losa severa para las arcas públicas. Tras los tipos negativos experimentados durante la pandemia, el actual entorno restrictivo obligará a Francia a desembolsar este año cerca de 79.000 millones de euros a sus acreedores. La previsión oficial apunta a que este coste de financiación escalará de forma inexorable hasta los 91.000 millones para el ejercicio 2027.
La presión es ya más que evidente en los mercados secundarios. Los inversores institucionales exigen actualmente rentabilidades cercanas al 5% para adquirir bonos soberanos francesos con vencimiento a diez años. Esta prima de riesgo representa un nivel de tensión financiera que el país no registraba desde el estallido de la crisis de las hipotecas subprime en 2008.
Presupuestos bajo presión electoral
Este encarecimiento sistemático del crédito lastra directamente la elaboración del proyecto de ley de presupuestos para 2027, cuya presentación está fijada para el 1 de octubre. El Ejecutivo liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu proyecta reducir el déficit público al 5% del PIB, asumiendo oficialmente un año de retraso sobre la senda de consolidación fiscal prevista inicialmente.
Sin embargo, los analistas alertan del riesgo inminente de incumplimiento de estos objetivos debido a la parálisis política. La inminente campaña presidencial amenaza con congelar cualquier posibilidad de acometer reformas estructurales de calado. Ante este bloqueo, el propio Gobierno ha admitido que el agujero estatal escalará previsiblemente hasta el 121,7% del PIB en 2027, duplicando con creces el límite de estabilidad del 60% exigido por los tratados europeos.
