El Ministerio de Hacienda ha decidido aplazar el sistema informático «Verifactu» para que coincida en el tiempo con la inminente factura electrónica. El objetivo es unificar calendarios y evitar que el tejido empresarial tenga que asumir dos costosas adaptaciones tecnológicas en un plazo muy corto.
La publicación de la normativa en el Boletín Oficial del Estado fija que las grandes empresas con ingresos superiores a los ocho millones de euros deberán cumplir la ley desde el 6 de octubre de 2027. Para el resto de pymes y autónomos, el plazo se alarga 24 meses hasta el 6 de octubre de 2028.
Diferencias técnicas y convergencia
Con este nuevo esquema, el sistema de verificación que estaba previsto para enero queda alineado definitivamente con el año 2028. El Gobierno busca una convergencia total tanto técnica como normativa, resolviendo así las grandes dudas de las compañías sobre cómo gestionar sus cobros en el futuro.
Aunque irán de la mano, estas dos normativas persiguen fines distintos. Mientras que «Verifactu» fija los requisitos de los programas informáticos para evitar la manipulación y garantizar la trazabilidad, la factura electrónica regula el formato en el que se envían y reciben las operaciones.
Una reclamación unánime del sector
Este movimiento responde a las peticiones de organismos como la Asociación Española de Asesores Fiscales, que propuso una hoja de ruta coordinada con la futura directiva europea «ViDA». Según los expertos, esto allana el camino hacia el modelo digital que Europa impondrá de forma obligatoria en 2030.
La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos también celebró este reajuste del calendario oficial. Lorenzo Amor, presidente de la agrupación, aplaudió la decisión asegurando que avanzar con plazos descompensados era un sinsentido operativo que obligaría al colectivo a realizar transiciones consecutivas.
Desconocimiento generalizado en la pyme
El retraso llega en un momento de enorme confusión entre los negocios. Según el informe del observatorio TeamSystem elaborado por Ipsos, más de la mitad de las empresas españolas desconoce las implicaciones reales que tendrá la llegada obligatoria de este nuevo ecosistema de facturación.
Los datos de este estudio, basado en más de mil entrevistas, muestran que el 24% no sabe qué es esta tecnología y otro 30% ignora sus detalles básicos. Solo uno de cada diez encuestados afirma tener un conocimiento suficiente, mientras que el 30% asume tener dudas sobre plazos y reglas.
Alternativas públicas y trazabilidad
Para cumplir la norma, las empresas podrán contratar plataformas privadas interoperables o utilizar una solución pública y gratuita desarrollada por la Agencia Tributaria. Esta segunda opción funcionará como repositorio oficial y está pensada para ahorrar costes a las empresas más pequeñas y a los autónomos.
El nuevo escenario va mucho más allá de cambiar el tradicional documento en PDF por un archivo estructurado. El sistema rastreará la factura durante todo su ciclo de vida, obligando a los destinatarios a comunicar electrónicamente su estado, incluyendo si ha sido rechazada o pagada.
El fin de la morosidad empresarial
Las firmas que utilicen proveedores privados también tendrán que enviar una copia electrónica exacta de cada recibo a los servidores de la Administración pública. Con este control cruzado en tiempo real, Hacienda tendrá una visibilidad absoluta sobre las operaciones comerciales.
El objetivo final del Ejecutivo con este gran despliegue tecnológico es acorralar y acabar con el problema de la morosidad entre empresas. A día de hoy, los plazos de pago en España siguen superando el límite legal fijado en 60 días, lo que asfixia gravemente la liquidez de los negocios más pequeños.
