El encarecimiento de los precios a nivel nacional está arrastrando a toda la eurozona, forzando a la institución monetaria a preparar una nueva subida de las tasas para septiembre. El Banco Central Europeo (BCE) asiste con preocupación a esta escalada que aleja su objetivo de estabilizar la economía en el 2%.
De acuerdo con el índice armonizado del «Instituto Nacional de Estadística», la cifra alcanzó el 3,9% al cierre de julio. Este abultado registro se sitúa un punto entero por encima de la media continental, consolidando la mayor aportación del país al IPC comunitario de los últimos años.
La brecha con las potencias europeas
La presión española ha provocado que la inflación europea suba tres décimas frente a junio, alcanzando ya el 2,9%. Este repunte sitúa a la región cerca de los niveles primaverales que ya obligaron al BCE a encarecer el precio del dinero del 2% al 2,25% durante el pasado mes de junio.
A falta de conocer todos los datos de julio, el país ya figuraba en el top cinco de inflación comunitaria y empeoró su registro en el séptimo mes. Esta realidad contrasta fuertemente con el desempeño de potencias como Alemania, donde el dato se contuvo en un manejable 2,8%.
La cesta de la compra se dispara un 41%
Si se amplía el foco temporal, el coste de la vida ha experimentado un encarecimiento superior al 26% desde el inicio de la actual etapa gubernamental en junio de 2018. En este mismo periodo, partidas básicas como los alimentos y las bebidas se han llegado a disparar un histórico 41%.
Otros suministros fundamentales como la vivienda, el agua, la electricidad y el gas arrojan incrementos acumulados que superan el 27%. Por su parte, los restaurantes y alojamientos cuestan un 36% más, mientras que los seguros y servicios financieros han experimentado subidas del 30%.
Récord de recaudación fiscal
Pese al asfixiante escenario, el Ejecutivo ha aplicado medidas de alivio con cuentagotas, llegando a responsabilizar a Bruselas de no poder acometer ciertos beneficios. Hasta la fecha no se ha aprobado ninguna rebaja de carácter permanente para aliviar el IVA de los alimentos ni de la electricidad.
Esta férrea contención ha permitido al Estado llenar las arcas públicas logrando ingresos masivos en la recaudación del IVA. Paralelamente, el Gobierno continúa rechazando la deflactación del IRPF exigida con insistencia por la oposición para mitigar la enorme pérdida de poder adquisitivo de la clase media ciudadana.
