El Gobierno español presentará esta misma semana su séptima y última petición a la Comisión Europea para reclamar casi 26.000 millones de euros. Con este movimiento, el país apura el plazo que expira el próximo 30 de septiembre para solicitar la inyección final de la financiación comunitaria.
Este paquete económico definitivo se divide en 4.400 millones en forma de préstamos ventajosos y más de 21.400 millones en transferencias a fondo perdido. Para desbloquear el capital de los fondos «Next Generation», España debe demostrar que cumplió estrictamente con todos los compromisos pactados.
El límite del calendario europeo
Las reglas impuestas desde Bruselas son inflexibles respecto a los plazos de ejecución del plan de recuperación. El Ejecutivo comunitario ha advertido de forma expresa que no aceptará ninguna medida aprobada con posterioridad al 31 de agosto para justificar los requisitos del desembolso.
Este cierre de plazos entierra los debates previos sobre una posible extensión del plan de ayudas más allá de 2026. La postura de los países frugales se ha impuesto de forma definitiva frente a cualquier intento de prolongar un mecanismo excepcional de deuda conjunta.
Sanciones y un saldo final inferior
Hasta el momento, España ha ingresado cerca de 78.000 millones de euros tras superar las evaluaciones de 338 exigencias. Si esta última solicitud recibe luz verde, el país cerrará el programa con 103.800 millones recibidos, dejando sin pedir gran parte de los 163.000 millones asignados originalmente.
El reto en este último examen será evitar nuevas penalizaciones por parte de los auditores comunitarios. En los tramos recientes, Bruselas ya congeló a España casi 1.400 millones de euros por incumplir reformas estructurales vinculadas al impuesto al diésel, el colectivo de interinos o la FP bilingüe.
