Los drones que Washington considera un riesgo para su seguridad nacional pagarán un recargo del 100 % al entrar en el país. La decisión pega de lleno sobre todo al sector en China, que fabrica la mayor parte de estos aparatos en el mundo y abastece buena parte de la demanda estadounidense.
La proclamación firmada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, delimita qué material queda dentro de ese tipo máximo. Entran los aparatos que superan los 25 kilos de peso al despegue y los que llevan incorporada la detección térmica. Los modelos más ligeros sin esas prestaciones, junto a otras piezas, tributarán al 25 %.
El resto de orígenes recibe un trato más suave. Japón, Corea del Sur, Taiwán, Suiza, Liechtenstein y los socios de la Unión Europea afrontarán un 15 %. El material del Reino Unido se queda en el 10 %, siempre que acredite su procedencia según las reglas fijadas por la Administración.
Plazos e incentivos para fabricar dentro
El calendario es escalonado. Los nuevos aranceles empezarán a cobrarse 21 días después de la firma, salvo para los componentes que no figuren entre los más delicados, cuyo recargo se retrasa hasta los 180 días.
La Casa Blanca defendió que el objetivo es recortar la dependencia exterior en las piezas críticas de los sistemas aéreos no tripulados y levantar producción propia. La Administración apeló al papel que estos aparatos han ganado en los conflictos armados recientes y a los riesgos de ciberseguridad que atribuye a las cadenas de suministro de fuera.
La orden incluye una pata industrial. El secretario de Comercio queda facultado para diseñar un programa de incentivos dirigido a las compañías que inviertan en montar drones y sus componentes en suelo estadounidense.
El peso de la industria china
El mercado civil de estos aparatos está muy escorado hacia China, con DJI como referencia principal. Pekín trata el negocio como estratégico por su recorrido comercial y por sus posibles aplicaciones militares y tecnológicas.
Las ventas al exterior crecieron con fuerza el año pasado. En 2025 salieron del país 4,95 millones de unidades, un 32,9 % por encima del ejercicio previo, según datos recogidos por la prensa local. La facturación llegó a 22.300 millones de yuanes (unos 3.100 millones de dólares), con un avance interanual del 45 %.
Ese mismo recuento sitúa a Estados Unidos como primer comprador por número de aparatos, con 717.200 unidades, y como tercero si se mide en dinero, con 1.615 millones de yuanes (unos 225 millones de dólares). Los medios chinos sostienen que sus fabricantes mantienen una cuota apreciable en los usos civiles y comerciales del país, desde la agricultura hasta los bomberos, la seguridad pública o los rescates.
Restricciones en las dos direcciones
El recargo llega poco después de un movimiento en sentido contrario. A principios de mes, el Ministerio chino de Comercio apretó los controles sobre la venta a Estados Unidos de aparatos, piezas clave y tecnologías de doble uso, que ahora pasan un examen caso por caso y pierden las licencias simplificadas. Pekín alegó entonces la necesidad de «salvaguardar la seguridad y los intereses nacionales».
La vigilancia también se ha estrechado dentro del país: desde mayo, la capital china prohíbe vender y alquilar estos aparatos y limita su traslado por tren, avión, carretera, paquetería, autobús o coche particular, salvo que estén registrados. El choque engorda una lista de frentes abiertos entre las dos mayores economías del planeta, con los semiconductores, la inteligencia artificial y las tierras raras como escenarios previos.
