La candidatura de España a una de las gigafactorías europeas de inteligencia artificial ha superado el filtro de competencia. La Comisión Europea autorizó este jueves el vehículo societario que comparten tres grandes grupos cotizados y el Estado, después de examinarlo al amparo del Reglamento de concentraciones de la UE. La instalación se levantará en un país del bloque todavía por determinar.
El análisis de Bruselas descarta riesgos para el mercado. El peso de las sociedades firmantes en el negocio que surge de la operación es reducido, según el criterio comunitario. El expediente se resolvió por el cauce simplificado que la Comisión reserva a las concentraciones sin aristas.
Un 47% en manos privadas
El capital se reparte entre socios públicos y privados. Telefónica, Banco Santander y ACS figuran como los tres principales inversores del lado privado y controlarán conjuntamente el 47% de la sociedad. La participación de cada uno asciende al 15,67%.
La parte pública corresponde a la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, bautizada como «SEPI Digital». Este brazo inversor entró en el accionariado de la compañía que registrará la propuesta ante la convocatoria comunitaria.
Dos emplazamientos para una misma propuesta
La oferta española no se juega a una sola carta. El proyecto concurre con una fórmula multisede que reparte las instalaciones entre Móra la Nova, en la provincia de Tarragona, y San Fernando de Henares, en la Comunidad de Madrid.
El destinatario de la candidatura es la Iniciativa de Gigafactorías de IA, uno de los programas con los que la Unión Europea persigue su soberanía tecnológica. El objetivo declarado pasa por ampliar la capacidad propia del continente en nube e inteligencia artificial.
719 millones de dinero público
El Consejo de Ministros dio el primer paso el pasado 16 de junio. Aquel día autorizó una aportación de 719 millones de euros al consorcio público-privado encargado de desarrollar la infraestructura. Los fondos salen del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y se canalizan mediante la SEPI Digital.
El Gobierno enmarcó ese desembolso en una apuesta estratégica. Busca poner en marcha un proyecto industrial de gran tamaño y asegurar la presencia española en una de las mayores infraestructuras de inteligencia artificial que se levantarán en Europa.
