El pulso por las terminales que vigilan las dos bocas del Canal de Panamá saltó este jueves a la vía arbitral. El grupo hongkonés CK Hutchison registró una demanda contra el Estado centroamericano y sitúa el perjuicio causado a sus inversiones portuarias por encima de los 1.500 millones de dólares.
La reclamación se apoya en un tratado de protección de inversiones que, según el conglomerado, el país habría incumplido. La decisión se trasladó al mercado mediante un comunicado dirigido a la Bolsa de Hong Kong, donde la empresa explica que acude al arbitraje después de que «fracasaran sus intentos de alcanzar una solución».
El expediente recoge decisiones que las autoridades panameñas adoptaron a lo largo de 2025 y 2026. El desenlace fue doble: el contrato que amparaba la explotación de Balboa y Cristóbal quedó sin efecto y ambas instalaciones pasaron a control público.
Dos procedimientos en paralelo
El grupo asegura que discrepa «firmemente» de esas actuaciones y las considera incompatibles con el tratado invocado. Mantiene abierta la puerta a un entendimiento con el país, aunque avisa de que hará valer sus derechos al amparo del derecho internacional.
Esta demanda no es la única. Panama Ports Company (PPC), sociedad participada por el conglomerado, litiga desde antes por una vía distinta: la que le abre el propio contrato de concesión, con arreglo al reglamento de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
En ese frente, la filial defiende sus compromisos contractuales y ya había engordado la cuenta hasta superar los 2.000 millones de dólares. Sostiene que las instalaciones y los bienes vinculados a ellas le fueron arrebatados al margen de la legalidad.
Una sentencia de enero en el origen
El detonante llegó en enero, cuando la Corte Suprema de Panamá tumbó por inconstitucional el título otorgado en 1997 sobre las dos terminales: una en la vertiente del Pacífico y otra en la del Atlántico.
Un mes más tarde, en febrero, el Estado se hizo cargo de los muelles y repartió su gestión provisional entre otros operadores internacionales. El movimiento coincidió con las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el entorno de la vía interoceánica.
El termómetro con Pekín
El caso enfrió la relación con China. Pekín avisó de que saldría en defensa de los derechos e intereses de sus compañías, y las retenciones de buques con bandera panameña en puertos chinos se multiplicaron.
Las lecturas del episodio divergen. Panamá lo achacó al enfriamiento diplomático entre ambos países, mientras la parte china alegó que sus controles obedecían a criterios de seguridad marítima.
El termómetro ha bajado en las últimas semanas, según el Ejecutivo panameño, tras la ronda celebrada en julio en la capital china para prorrogar el Acuerdo de Transporte Marítimo. El texto reconoce a la flota del país el trato de «Nación Más Favorecida» en las terminales chinas.
Javier Martínez-Acha, canciller de Panamá, restó dramatismo hace pocos días a la prórroga y la describió como un trámite técnico cerrado «a satisfacción». El ministro añadió que las inmovilizaciones de barcos panameños se mueven ahora por debajo de la media registrada antes del conflicto.
